jueves, 9 de agosto de 2012

CEDAW: Boletín de Prensa 7/8/2012




  • ONU retoma exigencias de la sociedad civil sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres
  • La  exige al Estado darle prioridad al cumplimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW para garantizar la vida y la integridad de las mujeres


La Coalición CEDAW Ciudadanas (conformada por 140 organizaciones de la sociedad civil) presenta un balance sobre las observaciones y recomendaciones que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hace al Estado mexicano, resultado de la presentación de sus VII y VIII informes, en la 52ª sesión de dicho Comité en la ONU, en julio pasado.
En general, las integrantes del Comité se mostraron consternadas ante el aumento de los patrones ya existentes de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres en México, debido entre otras cosas a la estrategia de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada que ha contribuido a incrementar y al mismo tiempo invisibilizar los crímenes por razones de género y a la persistente impunidad y corrupción que impiden escandalosamente el acceso a la justicia para las víctimas.




Situación de defensoras y periodistas

Resulta de gran trascendencia que el Comité haya expresado, por un lado, su profunda preocupación por los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos y la impunidad en la que han quedado la mayoría de los casos y por el otro, que haya reflexionado sobre la grave situación de riesgo que enfrentan hoy las mujeres que ejercen el periodismo en México. A este respecto, el Comité recomendó adoptar medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad.


Trata y explotación sexual

El comité retomó las recomendaciones expuestas y reiteró la necesidad de realizar un diagnóstico de la problemática de la trata de mujeres y niñas, incluyendo su alcance, causas, consecuencias y fines, así como sus posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y niñas y las nuevas formas de explotación. Con este instrumento se podrán recopilar sistemáticamente datos desglosados y análisis sobre la trata con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuici
amiento y castigo de los delincuentes, así como medidas más eficaces para rehabilitar a las víctimas. También recomendó la realización en todo el país de campañas de sensibilización, dirigidas a mujeres y niñas, sobre los riesgos, causas, consecuencias, incidencia y las diferentes formas de explotación de la trata.


Derechos Políticos

Las recomendaciones del Comité CEDAW son muy concretas al señalar que se debe asegurar que los partidos políticos cumplan con las normas electorales federales y estatales, que incluyan reformas o deroguen disposiciones discriminatorias contra las mujeres, tales como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE); se menciona también la importancia de las sanciones para quienes no cumplan con las acciones afirmativas y la exigencia de fortalecer la participación política de las mujeres indígenas, entre otros aspectos. El Congreso deberá retomar cuanto antes estas recomendaciones para el fortalecimiento efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Por otra parte, en materia educativa se señala concretamente la exigencia de atender la violencia de género en las escuelas. Es urgente que la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Derechos Humanos retome sus responsabilidades en el seguimiento de las recomendaciones de la CEDAW.


Derechos Reproductivos

El Comité manifestó su preocupación respecto a la tasa actual de mortalidad materna, la cual está lejos de la meta para 2015 comprometida por México al signar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000. En ese sentido recomendó al Estado adoptar una estrategia integral de maternidad segura que priorice el acceso a atención prenatal, postnatal y obstétrica de calidad, así como el establecimiento de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Por otra parte reconoció como un gran logro la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Sin embargo, resaltó el rezago del resto del país, ya que a pesar de que el aborto es legal en casos de violación y por otras causales, el acceso a servicios de aborto legal es obstaculizado. Esta situación se agudiza en los estados que tienen reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción, así como los casos de mujeres que han sido denunciadas ante las autoridades judiciales por parte del personal médico y trabajadoras sociales y, por tanto, privadas de libertad y condenadas a largas penas de prisión por la comisión de los delitos de infanticidio u homicidio.

En razón de lo anterior el Comité recomendó al Estado armonizar las leyes federales y estatales relacionadas con el aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan un aborto legal de conformidad con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y la Recomendación General N º 24 (1999); así como informar al personal médico y trabajadoras sociales que las reformas constitucionales locales no han derogado las causales que permiten el aborto en determinadas circunstancias y exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades.


Impacto de la Crisis de seguridad en las mujeres y violencia de género que incluye feminicidio y desapariciones
En estos temas el comité señaló tres preocupaciones fundamentales:
No se han puesto en práctica las disposiciones fundamentales de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV-2007).
El aumento alarmante de feminicidios en el país.
El creciente número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en varios estados de la República.
Ante esta situación el Comité recomendó priorizar la plena aplicación de dicha Ley mediante el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres con la participación de los 32 estados federales; además, se instó al Estado mexicano a ocuparse urgentemente de los impedimentos que restringen la puesta en marcha del Mecanismo de Alerta de Género. El Comité recomendó asimismo, tomar las medidas necesarias para garantizar que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada admisibilidad en los códigos penales locales; para que se agilice su tipificación en los códigos penales locales en trámite; se estandaricen los protocolos de investigaciones policíacas de feminicidios en el país y se informe de inmediato a los familiares de las víctimas. Para el caso de las desapariciones recomendó contar con un registro oficial para medir la magnitud de la situación que permita adoptar las políticas adecuadas; revisar los códigos penales locales con el fin de definir las desapariciones forzadas como un delito; simplificar los procedimientos existentes para poner en marcha el Protocolo Alba y la Alerta Amber para buscar inmediatamente a mujeres y niñas desaparecidas y estandarizar los protocolos de búsqueda de los cuerpos policíacos.


Mujeres Indígenas 

El Comité expresamente resalta que la política de seguridad pública en México, en contra del crimen organizado “ha impactado negativamente a las mujeres indígenas rurales, quienes han sido sujetas de niveles más altos de violencia, incluidos el feminicidio por fuerzas de seguridad” . Por ello, recomienda al Estado mexicano “adoptar las medidas apropiadas para asegurar que el Ejército y los oficiales de seguridad que están cerca de las comunidades de pueblos indígenas respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas.”

Asimismo, y como en las previas evaluaciones al Estado mexicano, el Comité ha expresado su preocupación por los altos niveles de pobreza, analfabetismo y múltiples formas de discriminación en contra de las mujeres indígenas de zonas rurales, pero en particular aquellas que se presenta en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca; principalmente por aquellas prácticas culturales dañinas que perpetúan la discriminación en contra de las mujeres y niñas indígenas y por la falta de acceso que tienen a la tierra, propiedad y justicia.

Es así que el Comité le reitera a México la importancia de que las políticas y programas que buscan erradicar la pobreza no sólo incluyan una perspectiva de género sino también un enfoque intercultural que tenga por objetivo eliminar la discriminación en contra de mas mujeres indígenas; para esto, las política deben de incluir medidas especiales temporales que aborden las disparidades que sufre esta población en términos de acceso a tierra, propiedad pero también servicios sociales, incluyendo educación, salud y participación en toma de decisiones.


Ante la gravedad de las violaciones de derechos humanos de las mujeres en México y la respuesta contundente de dicho Comité, la Coalición CEDAW Ciudadanas exige al Estado mexicano priorizar en la agenda nacional el tema de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, solicita al gobierno mexicano la creación de una instancia encargada del seguimiento de recomendaciones de dicho comité, la cual deberá de ser autónoma y contar con personal especializado en materia de género y al mismo tiempo, estar vinculada a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dado que tiene la responsabilidad del cumplimiento de las recomendaciones.


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